Recientemente, me consultaron respecto de un juicio emitido por una consultora que estaba analizando la capacitación en el marco de la cobertura que significaba la formación en Tecnologías de la Información. El texto en cuestión señalaba lo siguiente:
"El diagnóstico actual indica que los funcionarios públicos no están adecuadamente preparados para el gobierno electrónico. Actualmente el gasto en capacitación en el sector público en el área de computación e informática es inferior al 20% del presupuesto total del mismo. Esto es más dramático si se considera que del total del presupuesto asignado para capacitación sólo se ejecuta una cifra no superior al 60%, cifra que viene decreciendo consistentemente. Más aún, no hay una oferta acreditada que dé cuenta de los requerimientos necesarios para capacitar a los funcionarios en TI. Tampoco desde el Estado existen mallas curriculares para este fin. En otro frente, es difícil para un funcionario saber con certeza cuáles son los conocimientos que se requiere o requerirán en el futuro próximo para desempeñar eficientemente su labor en su repartición pública específica y cuando esté operando el gobierno electrónico"
El tema me parece relevante traerlo a un post porque permite reflexionar desde varías perspectivas.
De un lado, en el tenor del texto hay una complejidad no menor dado que usa expresiones casi catastróficas (“es más dramático”), creando escenarios que no ayudan al desarrollo del tema, sino más bien, lo dejan en estado de UCI, asunto que nunca es bueno, en especial cuando no es así. De alguna forma es algo comparable a lo que ocurre cuando a una persona la operan de la cadera equivocada (¿recuerdan el caso?). Podemos concordar que estos lenguajes tan extremos son propios, en ocasiones, de las consultorías pero, que afectan, sin duda que lo hacen. Y con mayor razón cuando los juicios se sustentan en cifras que no expresan la fuente, con lo que, o se cree o no se cree, dependiendo del “experto” que los formula, o de la credibilidad que el oyente le asigna a aquel.
Cuando se "cree", sin más, si la creencia es errónea, lleva a decisiones ídem y, al final, nos encontramos desplegando mangueras, escaleras y paralizando el tránsito, para apagar incendios inexistentes. Pero la inversión en tiempo y recursos, ya está hecho. En estricto rigor, el “gasto” ya está hecho, en su más literal y estricto sentido.
En mi opinión este es precisamente un caso de juicios infundados. Veamos:
Las cifras más representativas en el Sector Público, son las que aporta el SISPUBLI, dada la cobertura y transversalidad de sus cifras agregadas, sin desmerecer desde luego los números más agregados que puede construir DIPRES al concluir las correspondientes ejecuciones presupuestarias. Y esta conclusión no se puede obtener del SISPUBLI.
Incluso sin mirar los números, basta con el siguiente análisis: Asociados al PMG, hay más 180 Servicios, y en el año 2005 (así como en los anteriores), ninguno de ellos perdió este sistema por la variable de haber ejecutado menos del 90% de su presupuesto. Los Servicios que no están adscritos a este Programa de Mejoramiento de la Gestión son muy pocos, y de la calidad del SII, o de distintas Superintendencias, instituciones para las que, la capacitación y actualización técnica, es consustancial a su existencia para el cabal cumplimiento de sus respectivos roles. Es decir, es muy fácil firmar que el promedio de uso de los recursos de la glosa de capacitación se ocupa, como mínimo, en un 95%.
Para enriquecer el algoritmo, sumémosle que, año a año, se han incrementado los recursos para capacitación, casi en mil millones anuales. Es decir, no solo la tasa de ejecución es muy alta, sino que respecto de montos cada vez más significativos.
Cuento corto, la capacitación en Chile, vista desde la perspectiva del uso de sus recursos, goza de muy buena salud.
Si le agregamos los esfuerzos de muchas instituciones públicas para capacitar a personas contratadas a honorarios, y aquella incorporada en proyectos de compra de tecnología, por ejemplo, no queda sino sostener que, hoy por hoy, la inversión en capacitación para el sector pública es muy alta.
Cambiemos el foco. Respecto de la capacitación en TIC, la consultora sostiene que se ocupa solo un 20%. En efecto, la cifra es por ahí. Ahora bien, que esto sea “dramático”, es más discutible. Que se ocupe un quinto del presupuesto en el tema, me parece una cantidad razonable, en especial porque el fuerte de los recursos, en los últimos años se concentrado en capacitación técnica, propia del negocio de cada Servicio. Luego aparecen los temas de gestión y de Informática, en niveles muy parecidos.
Esta ecuación, en vez de dramática, es muy razonable, porque todos los temas deben coexistir en sus justas dimensiones organizacionales.
De un lado, en el tenor del texto hay una complejidad no menor dado que usa expresiones casi catastróficas (“es más dramático”), creando escenarios que no ayudan al desarrollo del tema, sino más bien, lo dejan en estado de UCI, asunto que nunca es bueno, en especial cuando no es así. De alguna forma es algo comparable a lo que ocurre cuando a una persona la operan de la cadera equivocada (¿recuerdan el caso?). Podemos concordar que estos lenguajes tan extremos son propios, en ocasiones, de las consultorías pero, que afectan, sin duda que lo hacen. Y con mayor razón cuando los juicios se sustentan en cifras que no expresan la fuente, con lo que, o se cree o no se cree, dependiendo del “experto” que los formula, o de la credibilidad que el oyente le asigna a aquel.
Cuando se "cree", sin más, si la creencia es errónea, lleva a decisiones ídem y, al final, nos encontramos desplegando mangueras, escaleras y paralizando el tránsito, para apagar incendios inexistentes. Pero la inversión en tiempo y recursos, ya está hecho. En estricto rigor, el “gasto” ya está hecho, en su más literal y estricto sentido.
En mi opinión este es precisamente un caso de juicios infundados. Veamos:
Las cifras más representativas en el Sector Público, son las que aporta el SISPUBLI, dada la cobertura y transversalidad de sus cifras agregadas, sin desmerecer desde luego los números más agregados que puede construir DIPRES al concluir las correspondientes ejecuciones presupuestarias. Y esta conclusión no se puede obtener del SISPUBLI.
Incluso sin mirar los números, basta con el siguiente análisis: Asociados al PMG, hay más 180 Servicios, y en el año 2005 (así como en los anteriores), ninguno de ellos perdió este sistema por la variable de haber ejecutado menos del 90% de su presupuesto. Los Servicios que no están adscritos a este Programa de Mejoramiento de la Gestión son muy pocos, y de la calidad del SII, o de distintas Superintendencias, instituciones para las que, la capacitación y actualización técnica, es consustancial a su existencia para el cabal cumplimiento de sus respectivos roles. Es decir, es muy fácil firmar que el promedio de uso de los recursos de la glosa de capacitación se ocupa, como mínimo, en un 95%.
Para enriquecer el algoritmo, sumémosle que, año a año, se han incrementado los recursos para capacitación, casi en mil millones anuales. Es decir, no solo la tasa de ejecución es muy alta, sino que respecto de montos cada vez más significativos.
Cuento corto, la capacitación en Chile, vista desde la perspectiva del uso de sus recursos, goza de muy buena salud.
Si le agregamos los esfuerzos de muchas instituciones públicas para capacitar a personas contratadas a honorarios, y aquella incorporada en proyectos de compra de tecnología, por ejemplo, no queda sino sostener que, hoy por hoy, la inversión en capacitación para el sector pública es muy alta.
Cambiemos el foco. Respecto de la capacitación en TIC, la consultora sostiene que se ocupa solo un 20%. En efecto, la cifra es por ahí. Ahora bien, que esto sea “dramático”, es más discutible. Que se ocupe un quinto del presupuesto en el tema, me parece una cantidad razonable, en especial porque el fuerte de los recursos, en los últimos años se concentrado en capacitación técnica, propia del negocio de cada Servicio. Luego aparecen los temas de gestión y de Informática, en niveles muy parecidos.
Esta ecuación, en vez de dramática, es muy razonable, porque todos los temas deben coexistir en sus justas dimensiones organizacionales.
Por lo demás ¿cuál es el porcentaje ideal? ¿para quién? ¿porqué?. Solo despejando tales incógnitas el juicio puede comenzar a tener validez. Caso contrario, tiene un cierto aire fundamentalista.
Sí estoy de acuerdo en que, en general, no existen mallas curriculares. Pero no solo para el tema TI, sino que para todos los temas. En los últimos años se ha avanzado mucho en procesos más estructurados y menos antojadizos para la formulación de los Planes Anuales de Capacitación. En este aspecto, como en otros, el aporte del PMG es innegable. Se ha avanzado mucho, pero claramente es mucho más lo que falta por hacer. Lo importante, en mi opinión, es que se avanza en el camino correcto.
Finalmente, algo respecto del juicio de que “es difícil para un funcionario saber con certeza cuáles son los conocimientos que se requiere o requerirán en el futuro próximo para desempeñar eficientemente su labor en su repartición pública específica y cuando esté operando el gobierno electrónico”.
Comparto el juicio, pero, en estricto rigor, ¿sabe alguien con certeza que es lo que se requerirá en el futuro? Por el contrario, parte del encanto del mundo que nos está correspondiendo vivir es lo vertiginoso de los cambios y la creciente amigabilidad de la tecnología para con el usuario. En la PERCADE 2006, un par de conferenciantes señalaron que el conocimiento se está duplicando cada 5 años. Por mi lado,he oído y leído plazos mucho menores.
Sí estoy de acuerdo en que, en general, no existen mallas curriculares. Pero no solo para el tema TI, sino que para todos los temas. En los últimos años se ha avanzado mucho en procesos más estructurados y menos antojadizos para la formulación de los Planes Anuales de Capacitación. En este aspecto, como en otros, el aporte del PMG es innegable. Se ha avanzado mucho, pero claramente es mucho más lo que falta por hacer. Lo importante, en mi opinión, es que se avanza en el camino correcto.
Finalmente, algo respecto del juicio de que “es difícil para un funcionario saber con certeza cuáles son los conocimientos que se requiere o requerirán en el futuro próximo para desempeñar eficientemente su labor en su repartición pública específica y cuando esté operando el gobierno electrónico”.
Comparto el juicio, pero, en estricto rigor, ¿sabe alguien con certeza que es lo que se requerirá en el futuro? Por el contrario, parte del encanto del mundo que nos está correspondiendo vivir es lo vertiginoso de los cambios y la creciente amigabilidad de la tecnología para con el usuario. En la PERCADE 2006, un par de conferenciantes señalaron que el conocimiento se está duplicando cada 5 años. Por mi lado,he oído y leído plazos mucho menores.
Es decir, si bien, como aprendió Alicia en el País de la Maravillas, es básico saber para dónde se va porque, caso contrario, se puede llegar a ninguna parte, es igual de importante tener la flexibilidad para aprender "sobre la marcha" lo requerido, asunto qiue no siempre se puede articular en torno a mallas curriculares. Con esto, no pretendo subvaluar la importancia de procesos articulados de capacitación, pero si me importa colocar esta herramienta en una dimensión más acotada.
Visto así el asunto, los procesos de DNC deben ayudar a detectar las brechas vigentes y, si se hace bien dicho proceso, también debería dar pistas de las brechas emergentes.
Como contrapartida, como cada vez los sistemas son más hechos a la medida del usuario (como el Google, en que,seguramente,nadie de quienes lean este post, ha hecho ningún curso formal para su uso, la mayoría, si no todos, operan en la red y lo ocupan con frecuencia), la capacitación formal es menos necesaria.
En subsidio, opera la capacitación in situ, en el puesto de trabajo, y focalizada a brechas puntuales y presentes en ese minuto para el requirente. Toda esta capacitación, pese a que seguramente deja mucho más que la capacitación formal, no entra a estadística alguna (por cierto, no está en el 20%).
La clave está entonces, en mi opinión, en que el Gobierno Electrónico fluya sobre canales tan amistosos que, para que se imponga con mayor énfasis, se requiera no de conocimientos nuevos, sino aplicaciones nuevas, más globales, más confiables, más seguras, más a prueba de personas no capacitadas, pero que requieren del uso de tales plataformas.
En nuestro Sector Público, dependiendo de la SUBTEL, está el Laboratorio de Transferencias Tecnológicas, cuyo principal esfuerzo pareciera ser, precisamente, contribuir a desarrollar las competencias necesarias para que los expertos (las áreas de informática y TI) hagan este tipo de soluciones, que permitan que el restante 95% de los funcionarios de una institución, pueden operar las nuevas aplicaciones, sin necesidad de ir a cursos formales respecto de ellas.
Por lo demás, seguramente al mes siguiente, tales aplicaciones ya se mejoraron y habría que ir a una nueva capacitación.
Mucho mejor el “modelo Google”, ¿cierto?.
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